Redacción
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha colocado nuevamente en la agenda pública el debate sobre la soberanía energética y el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la política nacional. En respuesta a señalamientos sobre presuntas investigaciones en su contra, Nahle sostuvo que su trayectoria está marcada por la defensa de la empresa petrolera y el combate a la corrupción, no por la calumnia.
El énfasis en el huachicol fiscal como producto de la Reforma Energética de 2013 responde a una narrativa constante de la Cuarta Transformación: atribuir a decisiones del pasado la proliferación de prácticas irregulares en el sector. Nahle recordó que entre 2014 y 2018 se otorgaron más de mil 300 permisos de importación de combustibles sin control ni supervisión, situación que habría generado pérdidas fiscales y debilitado la soberanía energética.
El contraste se plantea con el inicio del actual gobierno federal, que impulsó medidas para cerrar tomas clandestinas, cancelar permisos irregulares y coordinar acciones con Pemex y el SAT. Estas decisiones, aunque polémicas, se presentan como un parteaguas en la historia reciente de la industria petrolera mexicana.
El respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum refuerza la posición política de Nahle. Más que un gesto de solidaridad personal, representa una señal de unidad en torno a un proyecto político que ha hecho de la energía un eje estratégico. En este contexto, las críticas de medios como Reforma no solo apuntan a la gobernadora, sino al modelo energético de la 4T en su conjunto.
La Refinería de Dos Bocas, mencionada por Nahle como símbolo de su gestión, sintetiza las tensiones en este debate. Para unos, se trata de una inversión desproporcionada en un mercado que tiende a la transición energética; para otros, es un paso necesario hacia la autosuficiencia. En cualquier caso, la obra se ha convertido en un emblema de la disputa ideológica en torno al futuro de Pemex.
Más allá de las declaraciones y de los respaldos políticos, lo cierto es que el sector energético sigue siendo un terreno de confrontación. Lo que está en juego no es solo la reputación de una figura pública, sino la definición de un modelo energético que deberá enfrentar, de manera inevitable, los retos de competitividad, transición ecológica y seguridad nacional.